La desobediencia civil es una garantía jurídica extraordinaria ejercida por particulares y grupos sociales cuando la protección de los órganos del Estado es insuficiente o resulta imposible. Supone una acción de autotutela de los derechos humanos. La legitimidad constitucional de la desobediencia civil como garantía de los derechos fundamentales no resulta explícita en el sistema jurídico español, pero sí puede considerarse como legítima a partir de la interpretación sistemática, entre otros, del artículo 23 de la CE en relación a los arts. 10.1 y 1.1. Y es que la desobediencia civil se ampara en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones (y también en la española): libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política.

Una de las definiciones más concisas y acertadas de la desobediencia civil, es la dada por John Rawls, quien la define como un:

“acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”

Es decir, la desobediencia civil implica la violación de una ley mediante una acción, generalmente pacífica, destinada a ser contemplada por ciudadanía y clase política. Su finalidad es generar una reflexión colectiva capaz de tumbar la ley injusta, concienciando a los ciudadanos sobre el mal que provoca e invitándoles a movilizarse para acabar con ella.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión por cuanto busca transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. También ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia.

Finalmente, la desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla el ciudadano busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social a través de la denuncia de una ley que viola los derechos de sus semejantes.

Ahora bien, para que una ley aprobada mediante los cauces legales pueda ser legítimamente desobedecida, es preciso que su nivel de injusticia sea muy elevado. Ello sucede cuando vulnera los Derechos Humanos, siendo ésta la causa fundamental que permite justificar el ejercicio de la desobediencia civil. Así, Julieta Marcone afirma que el derecho a tener derechos implica el derecho a desobedecer la ley que los vulnera.